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Energía eléctrica y gas residencial con aumentos

Energía y gas residencial con aumentos

De acuerdo con un informe técnico publicado en la web oficial de la Secretaría de Energía, se identificará al «10% de mayor capacidad de pago» a partir de la combinación de información relativa al patrimonio con información de ingresos disponibles en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

La quita alcanzaría a usuarios que cumplan con alguno de estos criterios:

Vivir en zonas geográficas que sean consideradas polígonos de alta capacidad de pago identificados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) en base al valor del metro cuadrado. Esto incluye a los barrios privados.

Tener un ingreso que supere el valor de 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT) para el caso de un hogar compuesto por cuatro integrantes.

Este valor fue de $314.000 a marzo.
Tener aviones o embarcaciones de lujo.
Tener 3 o más inmuebles registrados.
Tener 3 o más vehículos automotores de antigüedad de cinco años o menor.

En relación al umbral de ingresos, se los considera “lo suficientemente amplios como para no cometer errores de exclusión significativos”. De todos modos, agrega que “la cantidad de CBTs analizadas como umbral se puede modificar en función de reducir los errores de inclusión en los segmentos de menores subsidios o incrementar el alcance de dicho segmento”.

En cuanto al resto de los usuarios, el segmento medio recibirá una reducción parcial de los subsidios mientras que los sectores de menores ingresos continuarán con los subsidios.

De acuerdo con la metodología definida, el universo estimado de titulares que dejarían de percibir los subsidios en el área Metropolitana de Buenos Aires es de 921.778 en el caso de la energía eléctrica y de 760.600 titulares en el caso del gas residencial.

Los usuarios que sean afectados por la quita de subsidios y consideren que no les corresponde dispondrán de un mecanismo “ágil” para hacer el reclamo y solicitar que su situación sea reconsiderada. Además, se tendrán en cuenta los casos de usuarios a los que no les corresponda pertenecer a este 10% a pesar de haber sido identificado por alguna de las metodologías anteriores.

De acuerdo con el informe, el esquema actual, que otorga subsidios de manera universal al precio mayorista de la energía, sumado a que el consumo de electricidad y gas natural se correlaciona con el ingreso de los hogares, implican que el subsidio es “pro-rico y progresivo: las personas de mayor ingreso resultan las más protegidas por la política”. “Cuando los subsidios presentan un comportamiento pro-rico significa que existe espacio para revisar su incidencia distributiva en función de reducir los errores de inclusión”, añade.

El informe identifica que el gasto en energía en relación al ingreso es sustancialmente más alto para los hogares más pobres. En este sentido, sugiere que la eliminación de los subsidios en los deciles de altos ingresos “no tendría un impacto significativo en el ingreso disponible en estos sectores”.

A una semana de que se realicen las audiencias públicas para discutir el aumento de las tarifas de luz y gas, la Secretaría de Energía dio a conocer los criterios que se tendrán en cuenta para identificar a los usuarios que dejarán de percibir subsidios por parte del Estado.

De acuerdo con un informe técnico publicado en la web oficial de la Secretaría de Energía, se identificará al “10% de mayor capacidad de pago” a partir de la combinación de información relativa al patrimonio con información de ingresos disponibles en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). En síntesis, se tendrán en cuenta criterios geográficos-espaciales y socioeconómicos.

Los usuarios que mantendrán sus subsidios son:

– Las personas que vivan dentro de barrios identificados por el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares)

– Jubilados o pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

– Monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

– Beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.

– Los titulares de programas sociales, trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributo Social, trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, titulares de algún seguro de desempleo, titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, titulares de certificado de discapacidad.



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