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Le robaron el celular, le vaciaron las cuentas y la Justicia ordenó al banco devolver el dinero

Un fallo pone en jaque la seguridad bancaria, las fintech y el desamparo del usuario frente al fraude digital

En la Ciudad de Buenos Aires, mientras los bancos, las fintech y los monederos virtuales venden modernidad, rapidez y “experiencia de usuario”, la realidad camina por otro carril: el del desamparo. Un celular robado, cuentas vaciadas en minutos y una pelea judicial larga y desgastante para recuperar lo que nunca debió perderse. La Justicia, esta vez, puso un límite.

La Cámara Comercial confirmó un fallo que obliga a una entidad bancaria a devolver el dinero sustraído a una mujer luego del robo de su teléfono celular y a indemnizarla por el daño moral sufrido. El caso volvió a poner sobre la mesa un problema estructural: sistemas de pago cada vez más laxos, sin controles efectivos, y bancos que se desentienden cuando el delito ocurre.

El robo, el vacío y el silencio del sistema

El hecho ocurrió el 6 de julio de 2023, cerca de las 7.45 de la mañana, cuando la mujer viajaba en un colectivo a la altura de avenida Santa Fe y Bulnes. Un hombre le arrebató el celular y escapó. El gesto fue rápido, casi infantil. El daño, profundo.

Horas más tarde, tras bloquear la línea y recuperar su número con una nueva SIM, la damnificada recibió un aviso del banco: su acceso a homebanking había sido suspendido por movimientos sospechosos. Cuando finalmente pudo verificar la situación, ya era tarde. Le habían transferido 315.000 pesos y vaciado una caja de ahorro en dólares por 3.200 dólares estadounidenses.

El banco bloqueó accesos, pero no evitó el saqueo. Y luego, directamente, se negó a devolver el dinero.

“Usted fue negligente”, la excusa de siempre

La entidad financiera sostuvo que las operaciones se realizaron con usuario y clave válidos y que la responsabilidad era de la clienta. El libreto conocido: si el sistema permitió operar, entonces el problema fue del usuario. Una lógica peligrosa en un contexto donde nadie pide documentos, nadie valida identidad y el celular se convirtió en la única llave de todo.

Hoy no hay contraseña robusta, no hay doble validación real, no hay control humano. Se acerca el teléfono, se apoya la tarjeta, se paga y listo. Como robarle un chupetín a un chico del jardín.

La Justicia puso un freno

El fallo fue claro. El banco incumplió su deber de seguridad. No probó que la usuaria hubiera compartido claves, no acreditó medidas antifraude eficaces y no explicó cómo su sistema permitió operaciones totalmente ajenas al perfil habitual de la clienta.

Los jueces remarcaron que las entidades financieras tienen responsabilidad objetiva en los fraudes digitales: el riesgo del sistema debe ser asumido por quien lo ofrece y obtiene ganancias. El homebanking no es un favor, es un negocio.

La sentencia ordenó la devolución total del dinero sustraído y una indemnización por daño moral, finalmente fijada en 3,5 millones de pesos. También impuso las costas del juicio al banco.

Seguridad jurídica, una deuda estructural

El caso expone algo más profundo que un robo. Expone la fragilidad de la seguridad jurídica en la Argentina digital. Si te roban el celular, te vacían las cuentas y encima tenés que iniciar un juicio largo para recuperar tus ahorros, el problema no es solo tecnológico: es institucional.

Las apps bancarias y los monederos virtuales avanzaron más rápido que las garantías. Se desmaterializó el dinero, pero también la responsabilidad. Todo funciona hasta que algo falla. Y cuando falla, el usuario queda solo.

Un antecedente que incomoda

El fallo marca un precedente relevante. Les recuerda a los bancos que no alcanza con bloquear cuentas después del daño, ni con culpar al cliente. Que vender rapidez sin seguridad es construir un castillo de naipes. Y que la digitalización sin respaldo legal ni técnico termina pagando la gente común.

Mientras tanto, millones de argentinos siguen usando apps que no piden documentos, no validan identidad en operaciones críticas y permiten que un robo callejero se transforme, en minutos, en una ruina económica.

La pregunta queda flotando, incómoda y necesaria:
¿quién cuida al usuario cuando el sistema falla?
Porque sin seguridad bancaria, sin seguridad jurídica, no hay confianza posible. Y sin confianza, no hay futuro digital que aguante.