El ministro de Energía, Juan José Aranguren, señaló que a partir de la nueva pauta tarifaria para el servicio eléctrico el Estado podrá ahorrar este año 4.000 millones de dólares en subsidios que serán reasignados a otras necesidades sociales, pero aseguró que existirá una tarifa social de costo cero para el consumo de hasta 150 kw por hora.
Aranguren precisó que el año pasado los subsidios al sistema eléctrico insumieron 10.000 millones de dólares, equivalentes a 2 puntos porcentuales del PIB, y que de seguir manteniéndose habría implicado un déficit de 11,5 millones de dólares.
Advirtió que el sistema eléctrico argentino está «al borde del colapso», como consecuencia de viarios años de un cuadro tarifario en el que «se castigó a los que menos tienen».
En conferencia de prensa, el ministro anunció que con la declaración de la emergencia eléctrica se podrá «empezar el camino para generar condiciones para remunerar en forma económica la generación y para mejorar la calidad» del servicio.
Advirtió además que las tarifas eléctricas «tuvieron un carácter muy poco federal y se discriminó en forma positiva al Gran Buenos Aires y la Capital Federal».
«En los últimos años, por no haber aplicado el mecanismo que en 2006 fue acordado por la SIGEN y enviado al Congreso, sin que el Parlamento lo observara, los usuarios de Capital y Buenos Aires pagaron el valor de la energía 5 veces más bajo que en el resto del país», aseguró Aranguren.
El ministro reconoció que “una parte de la población no está en condiciones de hacer frente al nuevo esquema tarifario” energético, y anunció que “los jubilados que perciban hasta dos haberes mínimos” quedarán excluidos de esta “recomposición”.
“Una parte de la población está al margen de esta recomposición porque no está en condiciones de hacer frente al nuevo esquema tarifario”, señaló.
En ese sentido, precisó: “Quedarán excluidos los jubilados que perciban el monto de hasta dos haberes mínimos, los trabajadores de dependencia que perciban hasta dos salarios mínimos, los desocupados, los beneficiarios de la seguridad social y los discapacitados”.
El gobierno nacional ya estableció una suba en las tarifas de energía eléctrica en el segmento mayorista, y queda establecer los cuadros tarifarios para las distribuidoras y consumidores residenciales.
En el caso de que el usuario -siempre referido a una factura de las distribuidoras Edenor y Edesur que cubren la Capital federal y el Gran Buenos Aires- tenga un ahorro de consumo del 10 por ciento respecto del mismo período del año anterior, la factura pasará de 26 a 128 pesos, y si el ahorro es del 20 por ciento pasará a ser de 106 pesos; mientras que para los que no contaban con subsidio desde 2011 pasarán a pagar de los actuales 102 pesos a 158 pesos, respectivamente, según los ahorros.
Aranguren también aclaró el caso de los 900.000 usuarios que el Ministerio de Energía estimó podrán acceder en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a la tarifa social tendrán un servicio eléctrico de hasta 150 kwh/mes sin cargo, y en el caso de que el consumo supere ese tope pero refleje un ahorro respecto del mismo período del año anterior pagará el excedente al costo de energía subsidiados, y en caso de consumo extra pagará la tarifa plena y dada a conocer esta semana de 320 pesos por Mwh.
De esta manera, el consumidor de las categorías R1, R2 o R3 que mantuvo su consumo del año anterior -sea usuario de Edesur o Edenor- deberá afrontar un incremento superior al 500 por ciento, a partir de que la Resolución 6 del Ministerio publicada esta semana reconoció una suba del costo de generación de la energía de los 30 pesos subsidiados por Mwh a los 320 pesos vigentes a partir del primero de abril.
“Lo que estamos haciendo a partir de esta recomposición tarifaria es reconocer el costo de generación parcialmente, en forma gradual, es empezar a recorrer un camino donde vamos a ir recuperando el costo económico de producción y reasignando esos subsidios”, afirmó el ministro.
Aranguren insistió en que el Gobierno consideró “necesario seguir protegiendo a una parte de la población que no está en condiciones de hacer frente a esta recomposición de las tarifas del sector” por lo cual detalló que los criterios de elegibilidad incluyen a los jubilados y pensionados que cobran dos veces el haber mínimo, empleados con relación de dependencia que cobran hasta 12.120 pesos, o ser titular de programas sociales.
También serán beneficiarios quienes estén incorporados en el régimen de Servicio Doméstico, quienes perciban un seguro de desempleo o cuenten con certificado de discapacidad, por lo cual el Gobierne entiende que de un universo de 4,6 millones de usuarios que reciben el servicio de las distribuidoras Edenor y Edesur, 4,2 millones reciben tarifas con subsidios y de ellos, unos 900 mil podrán acceder al beneficio de tarifa social, es decir un 20 por ciento del total.
Aranguren informó que el lunes se publicarán los cuadros tarifarios de las 7 categorías que quedarán vigentes con el detalle de las referencias de tarifa plena, con los distintos tipos de ahorro y el caso de la tarifa social, y aclaró que el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad fue instruido por el Ministro a convocar a una “revisión tarifaria integral para lo cual tendrá un plazo de seis meses” a partir del cual se evaluará el resultado de las nuevas medidas.
Hasta tanto no se realice la evaluación del impacto del nuevo esquema, Aranguren garantizó que “pasado los próximos 3 meses se mantendrá el precio de 320 pesos por Mwh”, por lo que aseguró que se respetará la gradualidad de la recomposición ya que el actual nivel de costo de la generación de la energía es de 770 pesos por Mwh.
Entre otras precisiones que dio el ministro, se destaca que las tarifas del servicio eléctrico serán siete a partir de hoy ya que se eliminan las segmentaciones R8 y R9 que se subsumen en la R7, y también aclaró que la facturación continuará con “lectura bimestral pero se permitirá el pago mensual” para la administración y un menor impacto en las finanzas hogareñas.
Aranguren reiteró en la conferencia que el sistema eléctrico argentino está «al borde del colapso» como consecuencia de viarios años de un cuadro tarifario en el que «se castigó a los que menos tienen».
«Tuvieron un carácter muy poco federal y se discriminó en forma positiva al Gran Buenos Aires y la Capital Federal», por lo que estimó que esta recomposición permitirá “dar señales al público del costo de generar la energía y a la oferta para que empiece a invertir”.
La idea es que “en los próximos dos años nos permita mejorar la calidad del servicio” pero al mismo tiempo posibilite al Estado nacional “ahorrar este año 4.000 millones de dólares en subsidios que serán reasignados a otras necesidades sociales”, luego de un sistema tarifario que en los últimos 13 años acumuló un gasto en subsidio de 51.000 millones de dólares.
En este sentido, el ministro precisó que el año pasado los subsidios al sistema eléctrico insumieron 10.000 millones de dólares, equivalentes a 2 puntos porcentuales del PIB, y que de seguir manteniéndose habría implicado un déficit de 11,5 millones de dólares.