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Marcelo D’Alessandro: El iceberg de la corrupción.

Marcelo D’Alessandro: El Iceberg de la corrupción

Fiscal nacional dictaminó que denuncia contra D’Alessandro debe tramitar en la justicia porteña

Un fiscal nacional del fuero Criminal y Correccional dictaminó hoy que la denuncia presentada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, contra el titular de la cartera de Seguridad y Justicia porteña, Marcelo D’Alessandro, por supuestos delitos de corrupción debe ser investigada por el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.

La denuncia había sido presentada el viernes para que se investigue si el funcionario porteño cometió delitos en el ejercicio de su función, vinculados con el acarreo de automóviles en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y con un intento de favorecer a una empresa que pretendía quedarse con una licitación para ocuparse de destruir una tanda de chalecos antibalas.

El dictamen lleva la firma del responsable a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, Marcelo Solimine, quien invocó la Ley 26.702 para señalar que los delitos denunciados forman parte de aquellos cuya competencia le fue transferida a la justicia porteña, según informó el portal Fiscales, que depende del Ministerio Público Fiscal.

El escrito fue presentado ante el juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, interinamente a cargo de Martín Peluso, a quien el fiscal le requirió «que se declare incompetente en razón de la materia y remita las actuaciones para que prosigan su sustanciación ante el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires».

En su presentación, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que el Fuero Criminal y Correccional «sí era competente antes, cuando Buenos Aires era la Capital Federal» pero, a partir de 2003, se inició «un proceso de transferencia de competencias a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que hoy se encuentran comprendidos todos los tipos penales en los que cabe encuadrar cada uno de los hechos que han sido denunciados y que quedaron reseñados precedentemente».

El viernes pasado, el ministro Soria, por expresas instrucciones del Presidente de la Nación Alberto Fernández, había presentado la denuncia contra D’Alessandro «por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho (art. 256 CP), enriquecimiento ilícito (art. 268 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265 CP), peculado (art. 260/261 CP) y exacciones ilegales (art. 266 CP)».

La denuncia fue realizada sobre la base de que diversas publicaciones periodísticas dieron cuenta de la supuesta intervención del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la «concesión del servicio de grúas, las licitaciones para la destrucción de chalecos antibalas de la Policía de la Ciudad y otros posibles hechos de corrupción».

Al formalizar la denuncia, el ministro Soria explicó a través de un comunicado y de sus redes sociales que «los hechos a ser investigados involucran al mencionado funcionario (D’Alessandro), empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fiscales nacionales» y «la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani».

Al presentar la denuncia, Soria reclamó que D’Alessandro entregue su teléfono celular, al igual que todos aquellos que resulten relacionados con la investigación, dado que la información publicada en distintos medios daba cuenta de que los posibles delitos habrían quedado expuestos a partir de una filtración de información extraída supuestamente del teléfono del ministro porteño.

«La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas», afirmó el ministro Soria cuando presentó la denuncia.

El escrito presentado por el representante del Gobierno Nacional ante la Justicia plantea que, en caso de confirmarse las revelaciones periodísticas, se demostraría «una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos» y esto sería «incompatible con un Estado de Derecho».

Tailhade negó vinculo con hackeo a D’Alessandro y pidió investigación contra ministro porteño

El diputado nacional Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) negó hoy cualquier vinculación con un presunto hackeo del teléfono celular del ministro porteño de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro y reclamó ante la justicia que el funcionario en uso de licencia sea investigado por una veintena de posibles hechos delictivos que se desprenden de los diálogos por Telegram que trascendieron en los últimos días.

Tailhade asistió al edificio de los tribunales federales porteños, en la avenida Comodoro Py 2002, donde formalizó una presentación con la que respondió a la denuncia judicial en su contra radicada por D’Alessandro, quien lo acusa de ser el responsable de la filtración de mensajes por medio de un hackeo que se practicó en el celular del ministro.

«No tuve participación y no tengo la más remota idea de cómo se obtuvieron esos chats», afirmó Tailhade en la presentación ante el juzgado federal número 3 de Daniel Rafecas, quien fue subrogado la semana pasada por la magistrada María Eugenia Capuchetti y ahora lo será por su colega Sebastián Ramos.

El fiscal que debe intervenir en esta denuncia es Eduardo Taiano, pero por el receso judicial, quien debía subrogarlo era Carlos Rívolo, quien a su vez se excusó de intervenir porque aparece nombrado en los chats; en ese contexto, el representante del Ministerio Público Fiscal que impulsó la investigación fue Carlos Stornelli.

«No tuve ninguna participación en esos hechos, ni tengo la más remota idea de cómo se obtuvieron esos chats. Lo único que puedo decir al respecto es que el jueves 29 de diciembre, después del mediodía, recibí un mensaje en mi celular de un periodista conocido que me preguntaba si tenía conocimiento del sitio en cuestión», sostuvo Tailhade en la presentación a la que accedió Télam.

«De inmediato le dije que no sabía nada y por supuesto procedí a ingresar al sitio y a leer con detenimiento las conversaciones. A las 13.30 horas, en mi columna habitual de los martes y jueves en el programa de radio ‘Cuánto Cuento’, que se emite por AM 530, difundí públicamente estas novedades, y me focalicé específicamente en una de las charlas, la de D’Alessandro con Silvio Robles, director general de la vocalía del Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti», detalló el diputado del Frente de todos.

«Probablemente el denunciante haya dirigido su ridícula acusación contra mí porque fui la primera persona que habló de esta filtración en los medios de comunicación. Hasta el momento de mi columna, ningún periodista había hablado del tema. No obstante, conozco varios periodistas que ya sabían que el sitio estaba activo al mediodía del miércoles 28», continuó.

El diputado nacional citó luego un artículo del portal El Disenso, en el que se publicó una cronología en la que se detalla cuándo los supuestos chats de D’Alessandro fueron subidos a un sitio web y como luego comenzaron a trascender por redes sociales desde el 28 de diciembre.

«Es dudoso aún que esto se trate de un hackeo, y no de alguien con acceso a su celular que lo filtró voluntariamente. El 5 de noviembre se conoció la noticia de que (Diego) Santilli y D’Alessandro denunciaron en la justicia que sus celulares habían sido hackeados. El último de D’Alessandro con (Silvio) Robles es del 1 de diciembre. Es decir que tenemos que creer que denunció el hackeo de su celular, y no generó ningún mecanismo para protegerse», sostuvo Tailhade.

«D’Alessandro no hizo lo que cualquiera haría después de denunciar el hackeo de su celular: cambiar el aparato, cambiar las contraseñas, o como mínimo desinstalar Telegram y volver a instalarlo. Y esto lo puede comprobar cualquier persona que tenga a D’Alessandro entre sus contactos: el 5 de diciembre les apareció el mensaje ‘Marcelo D’Alessandro se unió a Telegram’, el mensaje que envía la App cuando un contacto vuelve a instalarla», añadió.

En el escrito al que tuvo acceso esta agencia, solicitó que «se ordene la extracción de testimonios y la remisión para su sorteo y la posterior investigación» de 26 hechos que detalla.

Allí figuran «Acciones de inteligencia ilegal» referidas a probables infiltraciones de agentes «en 2018» en movilizaciones de movimientos sociales; y el «direccionamiento de una licitación» para la destrucción de chalecos.

Además, el legislador refiere al «arreglo de sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación» en virtud de que «el 9-11-2022 Robles, director general de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, y contacto frecuente en el Telegram de D’Alessandro le envía al funcionario un link a una noticia de la agencia Noticias Argentinas, titulada ‘El juez Rosatti seguirá al frente del reclamo de CABA contra Nación por la coparticipación’, y le dice: «Espero que hagas sacar el ‘fallo Robles». D’Alessandro responde: ‘Obvio'».

En este punto, remarca que «hablaban de un expediente que se encuentra en la Corte en el que las partes son el Estado Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el que se discute la coparticipación que debe recibir la CABA».

Tailhade también pidió investigar «el arreglo de otro fallo de la Corte y de una estrategia judicial» en referencia a que el 15 de noviembre «Robles le pasa a D’Alessandro ´letra para que vos lo muevas´».

Y en su escrito, el diputado señala que «basta repasar las noticias sobre el tema Consejo de la Magistratura para comprobar que JxC siguió al pie de la letra las indicaciones de Robles / Rosatti» frente a lo cual el diputado del FDT pide «que por estos hechos se le de intervención a la oficina de sorteos de la Cámara Federal».

En otro tramo de la presentación, Tailhade se refiere a las «gestiones para evitar una probation» de «Marcelo Violante, empresario dueño de varias firmas, entre ellas Dakota», que estuvo a cargo del servicio de acarreo de la Ciudad de Buenos Aires.

Violante le pide a D’Alessandro «que el fiscal no le aplique la probation al presidente de su empresa Brewda Construcciones SA, Rubén Hugo Laghezza, por la violación de una clausura».

En otro punto, el diputado cita la «propuesta de ´negocios´ para Rodríguez Larreta: «el 12-9-2019 D’Alessandro le pregunta ´Hoy podes pasar?´. Violante pregunta: ´Te da para proponer negocios a Horacio (presuntamente Rodríguez Larreta)?. D’Alessandro responde afirmativamente», remarca Tailhade, quien considera que en función de este diálogo podría investigarse el delito de «negociaciones incompatibles, cohecho y algunos más».

Vicepresidenta presentó recusación contra la jueza Capuchetti por «dependencia» del Gobierno porteño

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a presentar un pedido de recusación contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien instruye la causa por el intento de magnicidio en su contra, por considerar que la magistrada tiene una «dependencia» del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, según informó hoy en sus redes sociales.

«Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado», señaló la exmandataria en sus redes sociales.

Fernández de Kirchner expresó, desde su cuenta de Twitter, que formuló la presentación «en épocas de derechas violentas», en referencia al intento golpista registrado el domingo último en Brasil.

Entre los fundamentos de la presentación, difundida hoy, los letrados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes representan a la vicepresidenta, sostuvieron que «el día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un ‘trabajo’ rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de CABA».

«Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana», indicó el texto.

Y señaló: «Desde 2019, Capuchetti pasó de ser investigadora a ‘Investigadora Senior’ (Resolución No. 62/ISSP/19). Luego, mantuvo este cargo. Así surge, por ejemplo, de la Resolución No. 2/ISSP/22, del 3 de enero de 2022, que designó a Capuchetti por un año como ‘Investigadora Senior’ del organismo. Hace solo una semana, el 2 de enero de 2023, la Resolución No. 6/ISSP/23 extendió este plazo por un año más».

En la presentación se indicó que «participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica, más allá de lo que se haga en el organismo».

Los letrados de la vicepresidenta señalaron que «las tareas de investigación y planificación de políticas públicas para un organismo ejecutivo están netamente prohibidas para los jueces. Y, como vimos, el Observatorio del ISSP no tiene entre sus funciones las actividades de docencia, por lo que, si Capuchetti hace algo además de cobrar un sueldo, es diáfano que es algo incompatible con su cargo».

También observaron los representantes legales de la expresidenta que la «autoridad política» de ese organismo es el ministro de Seguridad y Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, lo cual «tiene un doble impacto: por un lado, se trata de una persona que ha realizado un viaje ilegal con empresarios de medios y jueces a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, y de quien se han conocido mensajes en los que queda muy claro su rol en la manipulación de causas judiciales contra Fernández de Kirchner y el espacio político que integra».

«Por otro lado -añadieron-, el Ministerio de Seguridad de la CABA tiene a su cargo a la policía de la Ciudad, que debería haber sido investigada en estas actuaciones (como lo fue la Policía Federal) pero respecto de la cual la jueza no dispuso una sola medida».

Los abogados afirmaron que «en pocas palabras, Capuchetti cobra dinero y asesora a un organismo del que depende una fuerza de seguridad a la que explícitamente omitió investigar» en la causa por el atentado.

Los letrados expresaron que «está claro que lo sucedido afecta gravemente la imagen que tanto las partes como la sociedad tenemos de la jueza (ya era muy mala, ahora es peor). De este modo, se configura lo que se conceptualiza como una falta de imparcialidad objetiva».

La presentación de la vicepresidenta tiene lugar en el marco de la causa caratulada «Sabag Montiel, Fernando s/ homicidio en grado de tentativa», que la tiene como querellante.

Fernández de Kirchner ya había formulado un pedido de recusación contra la magistrada el 14 de noviembre del año pasado, a partir de lo que consideró como «irregularidades y arbitrariedades» cometidos por la jueza «desde el primer día» de la investigación por el atentado ocurrido en su domicilio de Recoleta el 1 de septiembre de 2022.