Se trata de Gustavo De Marchi, que se había escapado durante un traslado al Hospital Militar junto al también represor Jorge Antonio Olivera.
Sobre el caso, Fiscales.gob.ar, explica que “la investigación a cargo de la Fiscalía Federal N°5 tramita en la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, luego de que el fiscal federal Leonel Gómez Barbella –quien subrogaba la dependencia del MPF- apelara la decisión del juez Claudio Bonadío de remitirla a la justicia federal de San Juan. La Sala II de la Cámara de Apelaciones hizo lugar entonces al recurso, por lo que esa pesquisa se encuentra ahora a cargo del fiscal Franco Picardi.
En su presentación, Gómez Barbella había manifestado que de las tareas investigativas llevadas adelante surge que los familiares de Olivera y De Marchi residirían en la zona. Para el representante del Ministerio Público, ello implicaba “un alto grado de probabilidad respecto de que los evadidos intenten, de momento a otro, contactarse con sus familias o precisar de su ayuda para continuar ajenos al accionar judicial”.
El militar había sido condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de San Juan, durante la última dictadura cívico-militar.
Gustavo De Marchi estaba prófugo desde el 26 de julio de 2013, cuando escapó, junto al también represor Jorge Antonio Olivera, después de ser trasladados de San Juan y llevados a un control médico en el Hospital Militar, en el barrio de Palermo, para ser tratados en «psiquiatría, kinesiología y dermatología».
La detención se hizo el viernes, luego de tareas de inteligencia, cuando De Marchi fue localizado cerca de la casa de una de sus hermanas. En tanto, siguen los esfuerzos para poder localizar a Jorge Antonio Olivera.
En junio de 2013, en San Juan, De Marchi y Olivera habían sido condenados a penas de prisión perpetua y 25 años de prisión, respectivamente, por crímenes de lesa humanidad ocurridos en San Juan durante la ultima dictadura.
LAS FUGAS
El 17 de julio de 2013 los represores fueron traídos a Buenos Aires en «en carácter de tránsito» y alojados en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, con el fin de ser llevados al hospital Militar Central, en el barrio de Palermo, para ser sometidos a controles médicos.
Los militares fueron conducidos al tercer piso del centro asistencial y a los respectivos consultorios, pero cuando los fueron a buscar ya no estaban.
El Gobierno denunció entonces un «encubrimiento» para que pudieran fugar, ordenó congelar sus bienes de los prófugos, ofreció recompensas de 2 millones de pesos por cada uno y frenó los controles médicos externos del resto de los detenidos por crímenes de lesa humanidad.
La investigación por esas fugas está a cargo del fiscal Franco Picardi, luego de un fallido intento por derivar la causa a la Justicia de San Juan, donde se habían producido las condenas.