Caso Marcelo Porcel: poder, dinero y silencio en una causa que expone las grietas de la Justicia
Los testimonios en Cámara Gesell describen un patrón de abuso, intimidación y manipulación. Mientras tanto, el empresario sigue sin ser indagado.
Buenos Aires, enero de 2026. Diez adolescentes ya declararon en Cámara Gesell contra el empresario Marcelo Porcel. Diez relatos. Diez voces menores de edad que coinciden en escenas, frases y contextos. Diez historias que, en cualquier país que se tome en serio la protección de la infancia, ya habrían provocado decisiones judiciales concretas. Acá, por ahora, provocan espera.
Los chicos hablaron de tocamientos durante supuestos masajes, de alcohol ofrecido sin consentimiento familiar, de dinero entregado como señuelo y de frases que funcionan como manual de intimidación. “A mí me gustan los pibes que tienen códigos, los que saben cuándo callarse”, habría repetido el empresario, según consta en el expediente. El mensaje es brutal en su simpleza: el silencio también se compra.
Las víctimas tenían entre 13 y 14 años. No eran adultos negociando poder. Eran menores frente a un hombre con recursos, influencia social y acceso a entornos donde el dinero abre puertas y cierra bocas. En uno de los relatos, incluso aparece la promesa de herencia, de futuro económico, como si el abuso pudiera disfrazarse de oportunidad.
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La causa avanza, pero lo hace con una lentitud que incomoda. Durante 2024 se acumularon siete denuncias. Luego fueron diez. La última se formalizó en diciembre. Las familias pidieron habilitar la feria judicial para que la investigación no quedara congelada. Aun así, hasta hoy, Marcelo Porcel no fue indagado ni imputado formalmente.
La pregunta que flota —y que nadie en tribunales responde— es simple y vieja como la historia argentina: ¿qué pasa cuando el acusado tiene plata, contactos y apellido conocido?
No hace falta acusar sin pruebas. Alcanza con mirar los tiempos, las cautelas, los silencios. La Justicia no solo se mide por lo que dice, sino por lo que demora.
Porcel no es un desconocido. Fue parte de un holding uruguayo vinculado a la concesión del ex Buenos Aires Design, tuvo participación en desarrollos inmobiliarios y está ligado a una firma agropecuaria familiar. Poder económico real, no simbólico. Y ese dato no es anecdótico: es contexto.
Los denunciantes, además, pertenecen al mismo colegio al que asisten los hijos del empresario. Un detalle que suma presión social, incomodidad institucional y una red de silencios que nadie parece querer romper del todo.
La expectativa ahora está puesta en los informes psicológicos y en la decisión del juez Manuel Bruniard. La Fiscalía, a cargo de Pablo Turano, deberá definir si finalmente llama a indagatoria. Cada día que pasa sin resoluciones alimenta una sensación peligrosa: que en la Argentina no todos llegan igual de rápido a la puerta de Tribunales.
Este caso ya no es solo sobre un empresario acusado. Es sobre un sistema que se pone a prueba cuando el dinero entra en escena. Sobre si la Cámara Gesell sirve para proteger a las víctimas o solo para archivar dolores en carpetas prolijas. Sobre si la Justicia mira a los ojos a los chicos o calcula costos.
Los adolescentes hablaron. Las familias dieron la cara.
Ahora le toca a la Justicia demostrar que no se calla cuando el acusado es poderoso.
Porque si el silencio vuelve a ganar, el mensaje es devastador: no alcanza con decir la verdad; también hay que tener permiso para que te crean.