El fiscal federal Federico Delgado apeló la resolución dictada por el juez Claudio Bonadio en la causa por el siniestro ferroviario del 22 de febrero último.
Y pidió que los ex secretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, y los funcionarios Pedro Ochoa Romero, Guillermo Luna y Antonio Sícaro sean procesados «por infringir el artículo 261 del Código Penal y por integrar la asociación ilícita».
El fiscal también requirió que sean procesados, entre otros, el maquinista Marcos Córdoba, sobreseído por el juez Bonadio, sea procesado el delito de «descarrilamiento» del tren que chocó en Once, causando 51 muertos y más de 700 heridos.
Todos ellos «tenían la posibilidad de abrir la canilla por la que circulaban los suculentos subsidios públicos (…) y a la par tenían el deber jurídico de controlar la actividad de los empresarios (…) se tradujo en una complicidad criminal (…) así son parte de la asociación ilícita», consignó el fiscal federal.
La norma a la que alude el ministerio público establece que «será reprimido con reclusión o prisión de dos a diez años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada por razón de su cargo. Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de un tercero, trabajos o servicios pagados por una administración pública».
En un escrito de cuatro carillas, el fiscal sostuvo que «ellos, lo repetimos una vez más, se dedicaron a hacer circular papeles para poder sustraer fondos que de alguna manera ‘volvían’ hacia su entorno, como lo revela el propio juez al señalar varios episodios de corrupción a lo largo de la extensa decisión pero que, inexplicablemente, luego no los tradujo en consecuencias jurídicas».
Delgado planteó su «recurso de apelación con respecto a los procesamientos de Juan Pablo Schiavi, Pedro Ochoa Romero, Ricardo Jaime, Guillermo Luna, también el sobreseimiento de Antonio Sícaro, las faltas de mérito de Laura Ballestero, Antonio Suárez, Gustavo Zeni Jaunsaras, Miguel Werba y Antonio Cirigliano y los sobreseimientos de Daniel Lodola, Luis Ninoná y Marcos Córdoba», motorman del tren siniestrado.
Respecto del conductor de la formación «la fiscalía coincide con el magistrado instructor en punto a que los integrantes de la asociación ilícita que comandaban los Cirigliano hicieron lo imposible por descargar sobre las espaldas de Córdoba la responsabilidad del accidente».
