Agrupaciones marcharán a Plaza de Mayo a dos años del crimen de Mariano Ferreyra

Agrupaciones políticas, gremiales y sociales marchan esta tarde de la Plaza de los Dos Congresos hasta Plaza de Mayo con motivo del segundo aniversario del asesinato del militante del Partido Obrero.
«Convocamos a movilizarnos para reclamar justicia por Mariano, perpetua a Pedraza y el desmantelamiento de las patotas sindicales y empresariales», afirman a través de un comunicado.
La marcha partirá a las 15 desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo.
Además, convocan a movilizaciones «en todas las plazas y los centros políticos» del interior del país.
Los firmantes son el PO, Nuevo Mas, PSTU, PTS, MST, PCR, Libres del Sur, Liga Socialista, FUBA, FULP, Barrios de Pie, Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, Centro de Abogados por los Derechos Humanos, Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), y diversos centros de estudiantes y entidades gremiales.

Los Kirchneristas procesados son Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi
El juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en el marco de la causa por la tragedia ferroviaria de Once del 22 de febrero pasado.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae.com que fueron procesados también, pero con prisión preventiva, los hermanos Claudio y Mario Cirigliano, dueños de la empresa TBA, acusados de “descarrilamiento de un tren agravado” por las muertes y por asociación ilícita destinada a disponer para su provecho los fondos públicos recibidos de parte del Estado.

Según el fallo de 870 páginas, la tragedia se produjo por la “trilogía siniestra de empresarios, funcionarios y sindicalistas”.

Las fuentes confirmaron que los procesamientos de los ex funcionarios fueron dictados por no haber controlado el modo en que la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA) llevó adelante la explotación del Sarmiento.

Si bien el juez procesó a los jefes de la organización con prisión preventiva, algunos de ellos fueron beneficiados por la Cámara Federal con la excarcelación, por lo que seguirán en libertad, indicaron las fuentes.

A la organización comandada por los Cirigliano les impuso un embargo de 600 millones de pesos, informaron las fuentes consultadas.

Por el contrario, el juez sobreseyó al maquinista del tren Marcos Antonio Córdoba.

Bonadio consideró que es “imprescindible exponer y desmembrar los diversos factores que incidieron en su producción, los cuales no nacieron espontáneamente aquel fatídico día, sino que, como se verá, existían anteriormente y eran conocidos tanto por los operadores de la línea Sarmiento como por aquellos funcionarios públicos encargados de controlar y ejecutar la política ferroviaria en el ámbito metropolitano y por la dirigencia sindical”.

Fueron procesados además Antonio Luna, el ex subsecretario de Transporte Ferroviario, y el ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Pedro Ochoa Romero, según indicaron las fuentes.

En cambio, su sucesor en el cargo, Eduardo Sícaro, fue sobreseído.

Los Cirigliano fueron considerados jefes de asociación ilícita junto a Marcelo Calderón, quien presidió TBA y es director de Cometrans, la empresa controlante, y como integrantes de la asociación el último presidente de la compañía Carlo Michele Ferrari, el abogado encargado de operaciones especiales del Grupo Carlos Alberto Lluch, y los gerentes Sergio Tempone y Jorge Álvarez, indicaron los voceros.

“En la política empresarial de Cometrans SA, TBA S.A. y Mario Francisco y Sergio Claudio Cirigliano, claramente se privilegió la maximización del rédito económico para enriquecerse y enriquecer las empresas asociadas con total desprecio por la seguridad de los usuarios”, dice el fallo.

En junio pasado, el fiscal Federico Delgado pidió los procesamientos de más de 30 personas identificando a «dos grandes conjuntos» de presuntos responsables por la tragedia: el «Grupo Cirigliano» –que incluyó a Córdoba– y los funcionarios públicos que tenían injerencia en el control del funcionamiento y los fondos aportados al concesionario. El maquinista, a quien apuntaban desde varios sectores, resultó sobreseído.